Argentina Quiere Bajar La Contaminación Usando La Tecnología Blockchain

El Gobierno de Córdoba, provincia ubicada en el centro de Argentina, está organizando una subasta para el 15 de noviembre del presente año. En este evento planean realizar una plataforma con un sistema basado en la tecnología blockchain para la puesta en valor de reducciones de emisiones contaminantes, a pequeña y mediana escala.

En ese sentido, según la información del medio BeInCrypto, la iniciativa tiene el propósito principal de promover la mitigación del cambio climático y mejorar la participación de los sectores público y privado en la materia.

Además, se crearán oportunidades para la coordinación entre instrumentos y arreglos institucionales pertinentes, con espacios de gobernanza y participación.

De esa forma, la finalidad de llevar a cabo todos estos planes es dar vida a un futuro mercado de carbono provincial.

En base a ello, las empresas que no emiten o disminuyen la emisión obtienen un certificado que se lo pueden vender a las compañías o gobiernos que emiten más de lo permitido.

Al respecto, el ministro de Servicios Públicos, Fabián López, explicó que tienen en mente con este proyecto:

“Se trata de una primera experiencia piloto para un mercado voluntario de carbono restringido. En ese marco, los titulares de proyectos de mitigación tendrán la posibilidad de postular voluntariamente para que, luego de un proceso de pre selección, sean analizados por un Comité de Certificación.”

Siendo así, la cartera que queda en manos de López, organizará en menos de un mes la primera subasta electrónica entre oferentes (los que redujeron emisión de CO2) y compensadores (que necesiten bajar su impacto ambiental).

¿Cómo se llevará a cabo la subasta en Argentina?

En concreto, el plan, que empezará a usar tecnología blockchain para su seguridad, divide a quienes no emitieron o bajaron la emisión, y a quienes tuvieron una mala calificación en la materia. Entre los oferentes estarán:

• Proyectos que tengan instalaciones de generación distribuida fotovoltaica.
• Generación de biogás.
• Generadores de biodiesel de alto consumo.
• Industrias que accedieron al gas natural en remplazo de combustibles fósiles de alta intensidad de carbono.

Por su parte, en los demandantes de certificados para compensar, estarán:

• Contratistas de obra pública dentro de la órbita del Ministerio de Servicios Públicos.
• Organismos dependientes del ministerio de Servicios Públicos u otras entidades públicas o privadas.
• Funcionarios públicos.

Asimismo, se podrá encontrar a un Comité de Certificación de Carbono Desplazado, definido por el ministerio para habilitar bajo normas IRAM a los oferentes voluntarios (ya está abierta la inscripción) y para validar las huellas de carbono de los compensadores.

“Una vez validada y cuantificada la reducción de emisiones de los proyectos, ese Comité emitirá las correspondientes unidades de carbono verificadas (UCVs), que cada una equivale a una tonelada de dióxido de carbono, que luego serán puestas a disposición en la subasta.”

Por último, los actores con incentivos para compensar sus emisiones de GEI podrán adquirirlos para “pagar” su mayor contaminación. Al hacerlo, sacan de circulación los UCVs y reciben un Certificado de Carbono Desplazado (CCDs) que constata las toneladas de CO2 desplazadas.

Blockchain es la pieza clave para el proyecto

El punto más llamativo del asunto es que, la seguridad de los certificados tendrá su respaldo en la tecnología blockchain del BID.

Con ella se generará un token para representar los CCDs y su descentralización está compuesta por 182 validadores.

Es decir, quien tenga un activo físico, el certificado que demuestra que dejó de emitir CO2, lo transformará en un activo digital que se enviará a la plataforma de subasta.

Mientras que, quien haya comprado este token lo recibirá un monedero virtual y después un smart contract transformará (quemará) ese token en un NFT que le dará el certificado que compensó.