Estos Bancos De España Buscan Incluir Servicios De Criptomonedas

Cada vez hay más bancos en España que quieren recibir la aprobación oficial para sumar servicios de criptomonedas.
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HIGHLIGHTS

  • BBVA lidera la incorporación de criptomonedas en la banca tradicional española, siendo el primer gran banco en ofrecer compra, venta y custodia de bitcoin y ether.
  • Otras entidades bancarias están avanzando en distintos grados para integrar servicios relacionados con criptomonedas.
  • La regulación europea MiCA y las medidas fiscales en España están estableciendo un marco claro y estricto para operar con criptos.

El sector financiero de España está frente a una transformación significativa con la integración progresiva de los bancos tradicionales en el mercado de criptomonedas, impulsada principalmente por la entrada en vigor del Reglamento europeo MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation).

Esta normativa, que España decidió aplicar plenamente antes del plazo europeo, establece un marco regulatorio claro y estricto para los criptoactivos, con supervisión a cargo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España.

Un hito importante en esta transición lo marcó BBVA, que se convirtió en la primera gran entidad bancaria española en ofrecer a sus clientes la posibilidad de comprar, vender y custodiar bitcoin (BTC) y ether (ETH) a través de su app móvil, tras obtener la autorización de la CNMV.

Este movimiento no solo representa un avance en la integración de las criptomonedas en el sistema financiero tradicional, sino que también genera presión en otras entidades para acelerar su entrada en este mercado.

Otros bancos de España que quieren contar con criptomonedas

Hay varias instituciones financieras que están en distintas fases de preparación para sumarse a esta tendencia cripto, de acuerdo a los informes de CriptoNoticias.

CaixaBank, con su plataforma digital Imagin, planea el lanzamiento de servicios relacionados con criptomonedas durante 2025, apuntando a captar a un público joven e interesado en estas nuevas formas de inversión.

Por su parte, Kutxabank también avanza en la obtención de permisos regulatorios para ofrecer funcionalidades similares, mientras que el Banco Santander, a través de Openbank, prevé iniciar operaciones de compraventa de criptomonedas, aunque aún espera la aprobación oficial.

Además, Unicaja, aunque no ofrece servicios directos de criptomonedas, ha fortalecido su vínculo con el ecosistema tras adquirir participación en el exchange Bit2Me, que colabora con Cecabank para proveer servicios de custodia y comercialización de activos digitales a otras entidades financieras, contribuyendo a robustecer la infraestructura del mercado cripto en España.

Entretanto, Renta 4, con experiencia en gestión de activos, lanzó en 2023 un fondo de inversión activo que incluye criptomonedas.

No obstante, no todos los bancos de España están avanzando al mismo ritmo. Instituciones como Sabadell y Bankinter, según reportes internacionales, no han desarrollado aún servicios relacionados con criptomonedas, aunque la competencia y la presión generada por BBVA podrían motivar cambios en su estrategia.

Crece el movimiento cripto en Europa

Este escenario se enmarca en un contexto regulatorio que busca armonizar la actividad cripto en Europa, mejorar la protección al inversor y garantizar la transparencia y seguridad del mercado. La Ley MiCA impone obligaciones estrictas a los proveedores de servicios de criptoactivos, incluyendo la necesidad de obtener licencias, cumplir con controles de gobernanza, implementar medidas contra el blanqueo de capitales y proteger los fondos de los clientes.

En España, el periodo transitorio para adaptarse a estas normas finaliza el 31 de diciembre de 2025, fecha a partir de la cual solo podrán operar las entidades autorizadas.

Recordemos también que, el gobierno español reforzó el control fiscal sobre las criptomonedas, exigiendo a las plataformas de intercambio reportar las operaciones de sus usuarios a la Agencia Tributaria desde enero de 2026, en línea con la Directiva DAC8 de la Unión Europea.

Esta medida busca mejorar la trazabilidad fiscal y reducir la evasión, aunque algunos actores del sector advierten sobre el riesgo de una regulación excesiva que pueda frenar la innovación.

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