Por Pablo Rutigliano – Presidente de la Cámara Latinoamericana del Litio
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2025.
El litio ya no es una promesa difusa: es el nervio central de la transición energética mundial. Baterías para autos eléctricos, sistemas de almacenamiento, redes inteligentes, satélites y hasta dispositivos médicos dependen de este mineral. Pese a contar con una de las mayores reservas planetarias, la Argentina sigue rezagada, atrapada en discursos de ocasión que se desmoronan ante la contundencia de las estadísticas oficiales de exportación.
Los números son inapelables. Chile, con la estatal SQM al frente, registra 6.131 embarques por 562 millones de dólares FOB y 69.882 toneladas de carbonato de litio exportadas en lo que va de 2025. Rockwood Litio (Albemarle) le sigue con 2.079 operaciones, 313 millones de dólares y 41.040 toneladas. Recién después aparece Argentina, a través de Sales de Jujuy, con apenas 171 operaciones, 157 millones de dólares y 24.000 toneladas. La diferencia es abrumadora: Chile exporta más del doble de toneladas y multiplica por diecinueve la cantidad de embarques que logra nuestro país. Ningún relato oficial puede tapar esa evidencia.
Pero el problema no es solo de volumen. La Cámara Latinoamericana del Litio viene advirtiendo hace años sobre un mal estructural: la subfacturación sistemática. Empresas como Minería del Antiplano (Livent) —investigada por el Juzgado N.º 4— declararon 140 operaciones, 149 millones de dólares y 15.993 toneladas, muy por debajo de las referencias internacionales de Shanghái o la Bolsa de Metales de Londres. Otras firmas, como Minería Exar S.A. y Eramine Sudamericana S.A., replican el patrón: operaciones millonarias declaradas a precios artificialmente bajos. Cada dólar subfacturado es un hospital menos, una escuela menos, una oportunidad de desarrollo que se esfuma.
Lo más indignante es la pasividad de la Secretaría de Minería de la Nación. Los informes que publica en su portal son simples ejercicios de comunicación sin un plan real para potenciar las exportaciones o elevar la competitividad. No hay censo integral de inversiones, ni mapa preciso de proyectos, ni estadísticas auditables. Mientras Chile diseña políticas públicas claras, Argentina se limita a difundir datos incompletos que ocultan la subfacturación y amparan la cartelización de la industria. Esa opacidad desalienta nuevas inversiones, impide fijar precios de referencia y priva al país de su enorme potencial.
La complicidad se extiende a los foros sectoriales. En las conferencias de litio que se multiplican por el país, nadie habla de lo esencial. Ni la formación del precio, ni los contratos de exportación, ni la urgencia de declarar al litio como commodity. Se repiten eslóganes vacíos mientras se evita la pregunta central: ¿quién fija el precio y con qué reglas? Esa omisión deliberada consolida un mercado cautivo y profundiza la pérdida de soberanía económica.
Argentina debería ser formadora de precio. Con sus reservas y capacidad productiva, puede y debe establecer valores homogéneos y competitivos que reflejen su peso real en el mercado. Permitir que Shanghái o Londres definan el valor de nuestro litio es renunciar a la soberanía. Esa cesión abre la puerta a la subfacturación y al contrabando, males que ya conocemos demasiado bien.
El llamado “triángulo del litio” se reveló como un mito. Bolivia, a través de Yacimientos Litíferos Bolivianos, apenas suma 19 operaciones por 17 millones de dólares y 2.154 toneladas. Brasil, de modo marginal, registra 3 operaciones por 175 mil dólares y 3 toneladas. Incluso Puna Mining, de capital argentino, no supera las 2 operaciones, con 500 mil dólares y 8 toneladas enviadas a China. La integración regional es, hoy, un eslogan vacío. El verdadero centro de gravedad está en Chile, que hizo del litio una política de Estado.
Chile entendió el desafío. Declaró el litio commodity, fijó reglas estables, transparentó cada contrato de exportación y protegió un recurso estratégico que integra de manera previsible a la economía global. Argentina, en cambio, permanece atrapada en una maraña de intereses provinciales, burocracia y la influencia de una casta minera que privilegia acuerdos opacos sobre el desarrollo nacional. El resultado es lapidario: mientras Chile superará las 110.000 toneladas exportadas en 2025, nosotros apenas rozaremos las 63.000, con menos del 57 % de las operaciones de nuestros vecinos.
Frente a esta realidad, la transparencia no es una opción: es una obligación. El país debe declarar el litio como commodity, fijar precios de exportación alineados a los valores internacionales y digitalizar todos los controles —incluida la trazabilidad blockchain— para que cada tonelada sea verificable y cada contrato, público. Sin eso, seguiremos en la irrelevancia.
En este punto, la Comisión Nacional de Valores agrava el problema. Su pretendida regulación de la tokenización es un mamarracho que copia y pega normas del mercado de capitales sin comprender la esencia de la tecnología. En lugar de promover financiamiento genuino y mercados transparentes, carteliza el proceso e impide que la blockchain cumpla su función. La tokenización nació para democratizar la inversión, no para quedar atrapada en viejas estructuras que benefician a unos pocos.
Esto no se trata de ideología, sino de supervivencia económica. Mientras discutimos si la minería es “nacional” o “provincial”, el mundo avanza. Cada día perdido consolida la ventaja de nuestros vecinos y nos relega a simples proveedores de materia prima barata.
El litio no es solo un recurso: es la llave para redefinir el modelo productivo argentino. Chile lo entendió, Bolivia avanza, y nosotros seguimos en la duda. Los números no mienten. Chile exporta más del doble de litio y multiplica por diecinueve las operaciones argentinas. La inacción de la Secretaría de Minería, el silencio de los foros, la falta de un censo real y la ausencia de políticas de formación de precios nos condenan a la irrelevancia.
El relato oficial terminó. Es momento de decidir si queremos ser protagonistas del siglo XXI o simples espectadores. Transparencia, planificación y determinación para fijar precios son las únicas herramientas para recuperar soberanía y transformar nuestra riqueza geológica en prosperidad. De lo contrario, seguiremos viendo cómo otros convierten en fortunas lo que aquí permanece como promesa incumplida.
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