El Banco Central de Costa Rica (BCCR) emitió el pasado 6 de agosto un documento llamado «Algunas consideraciones en torno a las monedas digitales y los criptoactivos», que asegura que el país centroamericano no ve viable el uso de criptomonedas.
Rodrigo Cubero, presidente del BCCR, aseguró en el texto que el ministerio de Hacienda de ese país permite el comercio con bitcoin, aunque este no represente dinero de curso legal. Quien desee adquirir criptoactivos lo hace bajo su propio riesgo.
¿Por qué Costa Rica no quiere a las criptomonedas?
De acuerdo al documento, las criptomonedas como el Bitcoin y el Ether no tienen la capacidad de servir como reserva de valor ni como unidad de cuenta, por lo que no pueden ser consideradas como dinero de curso legal.
El banco expuso que la volatilidad representa un «fuerte inconveniente» para el uso de criptomonedas como unidad de cuenta; es decir, para expresar el precio de bienes y servicios.
Así mismo, Cubero considera que el Bitcoin no es «deseable», por una razón financiera y fiscal, por lo que el país centroamericano no ve viable el uso de criptomonedas para el pago de obligaciones tributarias, de acuerdo al ordenamiento jurídico actual.
Además, advirtió que las personas que utilicen las criptomonedas, no cuentan con el apoyo del Banco Central ni están cubiertos por mecanismos de garantía.
«El enfoque del Banco Central es, pues, uno de tolerancia vigilante: se tolera la existencia y circulación de los criptoactivos, y (…) Se introducirá regulación cuando ello sea necesario”, reza el documento.
Por otra parte, el BCCR expresó que su organismo ha estudiado el tema de las monedas digitales de bancos centrales (CBDC), concluyendo que no es necesario incursionar en el lanzamiento de una moneda digital.
u anterior máximo histórico de USD $55,91.
El caso El Salvador
El presidente del organismo financiero costarricense, también se pronunció con respecto a la Ley Bitcoin de El Salvador, promulgada el pasado junio y que reconoce a bitcoin como moneda de curso legal en el país.
Cubero expresó que concuerda con las recomendaciones hechas por el Fondo Monetario Internacional y otros organismos, al considerar quela adopción representaba «una serie de problemas macroeconómicos, financieros y legales», que necesitaran de una estricta supervisión.
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