Nayib Bukele, presidente de El Salvador, fue señalado este miércoles por desviar cientos de millones de dólares estadounidenses de financiación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Se trata de una posible trama de corrupción para financiar, con recursos que palearían efectos de la pandemia por Covid-19, el plan para la adopcion de Bitcoin en la economía de El Salvador.
Una investigación del Proyecto de Reportaje sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP por sus siglas en inglés) señala ingentes recursos malversados. El dinero se habría desviado para convertir en moneda de curso legal al criptoactivo mejor cotizado del mercado cripto, Bitcoin.
El reportaje del OCCRP sobre la corrupción de Bukele y el BCIE
El reportaje del OCCRP señala al Gobierno de Bukele de corrupción. Explica cómo USD 200 millones pasaron al plan para la adopcion de Bitcoin en la economia salvadoreña; proyecto bandera de Bukele, quién ya anunció que opta a la reelección en los comicios que se celebrarán el próximo 4 de febrero de 2024. Según las encuestas que difunde la tolda del mandatario, éste goza de, al menos, un 91% de simpatía.
El extenso reportaje, además, denuncia malas prácticas del Banco Centroamericano de Integración Económica, y describe hechos de corrupción entre la entidad financiera regional y, al menos, cuatro gobiernos a los que tilda de corruptos y autoritarios.
El texto acerca del BCIE se titula “El banco de los dictadores: Cómo el mayor banco de desarrollo de Centroamérica financió gobiernos corruptos y autoritarios”.
¿El BCIE financia fracasos?
Los reporteros del OCCRP explican como “pudieron confirmar que el banco ha adoptado nuevas prácticas desde (…) finales de 2018, lo que ha dificultado la fiscalización sobre el uso de sus fondos por parte de los gobiernos”.
Y es qué, a partir de esa fecha hubo un cambio de administración del BCIE y pasó a ser regentado por Dante Mossi, quién ahora deberá entregar la presidencia.
El quinquenio de gobernanza de Mossi, economista, funcionario internacional y diplomático hondureño, inició el 1 de diciembre de 2018. En menos de un mes deberá entregar la presidencia de la institución señalada del financiamiento de proyectos fracasados. Éstos, finalmente, desviaron ingentes recursos públicos a bolsillos privados, según la investigación del OCCRP.
La OCCRP denuncia corrupción en la entrega de dinero para carreteras que debieron terminarse hace 15 años en Costa Rica. O de recursos a gobiernos que repudia; como el del nicaragüense, Daniel Ortega, al quién, abiertamente, tildan de dictador.
Prestamos ‘basados en políticas’
“Bajo el mando de Mossi, el BCIE empezó a conceder los llamados ‘préstamos basados en políticas'”, señala el reportaje. Y los describe como “un tipo de financiamiento destinado a ayudar a los países a alcanzar objetivos muy generales”. Esas políticas serían, por ejemplo: “la reducción de la pobreza, en lugar de un proyecto específico”, recriminan los investigadores.
“Los partidarios de esta estrategia afirman que este enfoque más flexible permite a los gobiernos definir sus propias prioridades. Pero sus detractores afirman que estos préstamos son difíciles de fiscalizar y que es fácil abusar de ellos”, enfatiza el reporte.
Luego explica que, “como los fondos van directamente a las arcas de los gobiernos, es difícil saber cómo se gastan. Y como el financiamiento no se destina a un proyecto concreto, es imposible saber si se han utilizado de forma eficiente”.
Respecto a Costa Rica, señalan como “según las pruebas presentadas” en el expediente del caso de la carretera inclusa, “tres ejecutivos de la agencia CONAVI habrían liderado una trama de tráfico de influencias y sobornos para beneficiar a empresas constructoras que trabajaban en varios proyectos respaldados por el Estado. Actualmente, el juez está decidiendo si se procede a juicio”, aseguran.
Corrupción en el plan para la adopción de Bitcoin
Entre los actos más llamativos, el OCCRP destaca el presunto desvío de recursos para palear efectos de la pandemia por COVID-19. Y es en ese apartado, uno de los más bochornosos, aparece el nombre de Bukele.
“Los reporteros pudieron constatar que los gobiernos no siempre han utilizado los fondos del BCIE según los planes. Una tercera parte del segundo mayor préstamo del banco hasta la fecha —USD 600 millones para ayudar a las pequeñas empresas a sobrellevar la pandemia en El Salvador— se dilapidó justo cuando más se necesitaba”, asegura el OCCRP.
Al respecto narra que “la economía de El Salvador atravesaba momentos difíciles cuando el BCIE anunció el préstamo en abril de 2021. La pandemia había hecho que el PIB del país se desplomara casi 8%”. Además reseña que entonces “gran parte de la población padecía con las estrictas medidas de cuarentena”.
En esas circunstancias se desembolsó el cuantioso préstamo, del cual un tercio sería desviado a la aventura de bitcoinización de la economía salvadoreña. “En un comunicado de prensa, Mossi indicaba que los fondos del banco beneficiarían a 4 millones de personas, incluyendo a empresarios y familias”, señala la investigación. Luego agrega que, ” en julio del mismo año, el BCIE transfirió los USD 600 millones directamente a la tesorería de El Salvador, que a su vez debía distribuirlos a los bancos locales para que estos los otorgaran en forma de créditos a micro, pequeñas y medianas empresas.
“Pero al final, sólo una pequeña parte del préstamo —unos 20 millones de dólares— se utilizó como decía Mossi”, sentencia el reportaje.
La investigación del OCCRP respecto a la corrupción del BCIE indica que recursos que debieron usarse como paliativos para la supervivencia del comercio en El Salvador por el confinamiento nunca llegó a su destino. “Por el contrario, las cuentas presupuestarias muestran que el gobierno desvió la mayor parte del dinero para financiar sus propias necesidades, y asignó USD 425 millones para ‘obligaciones generales del Estado’. De ese monto, un poco más de 200 millones se destinaron a uno de los proyectos predilectos del líder de El Salvador: convertir el bitcoin en la moneda nacional”, señala la organización de periodistas. Asimismo, agrega:
“El presidente Bukele, quien se autodenomina el “dictador más cool del mundo” había anunciado su plan de convertir a El Salvador en el primer país en adoptar una criptomoneda como moneda de curso legal en julio de 2021, más o menos al mismo tiempo que el BCIE desembolsaba fondos para atender la pandemia. Bukele argumentó que el uso del bitcoin abarataría el envío de las vitales remesas desde el extranjero y ayudaría a las personas que no tienen acceso al sistema bancario”.
¿La adopcion de Bitcoin era para todos?
Los hechos apuntan a que los esfuerzos no fueron, en el mejor de los casos, suficientes para que los ciudadanos entendieran el plan para la adopción de Bitcoin en El Salvador. Pero, razonando con más suspicacia, pareciera que el plan de convertir a Bitcoin en moneda de curso legal tenía otro fondo distinto al de intentar mejorar la economía de millones de ciudadanos.
Vale recordar cómo se anunciaron enormes proyectos para la minería de Bitcoin utilizando la abundante energía geotérmica de la nación. Pero tales proyectos poco, o nada, tendrían que ver con los salvadoreños de a pie, a quienes Bukele habría prometido beneficios con la bitcoinización de la economía, y que ahora suman un índice de adopción menor al 1%.
De allí que parte importante del reportaje se dedica a Bukele. Específicamente, al supuesto desvío del tercio de uno de los más cuantiosos financiamientos que el banco centroamericano haya otorgado en su historia. Recursos que, pudiendo ser invertidos en apoyar a la devastada economía de los salvadoreños más necesitados, probablemente se usaron en ‘políticas de Bukele’.
Por su parte, señalando tal falta de transparencia por parte del ente financiero centroamericano, el reportaje explica como no todos “estaban tan convencidos” del plan Bitcoin.
“La agencia de calificación crediticia Moody’s admitió que el plan fue una de las razones por las que rebajó la calificación de los bonos soberanos de El Salvador ese año. Aunque el FMI también criticó la idea y el Banco Mundial rechazó el proyecto por temas medioambientales y de transparencia, el BCIE respaldó el plan de Bukele con gran entusiasmo”, señala el OCCRP.
El entusiasmo de Mossi
“Es una gran noticia para la región”, señaló Mossi en un comunicado de prensa en junio de 2021 donde se anunciaba que el banco brindaría “asistencia técnica” sobre cómo implementar el plan bitcoin.
“En la lista de contratistas del BCIE se puede apreciar que el banco pagó a una empresa informática casi USD 85.000 para que realizara un estudio sobre la adopción de la criptomoneda”, explica el reportaje.
“Según Mossi, el estudio concluía que las reformas legales y regulatorias necesarias para que el bitcoin fuera una moneda de curso legal en El Salvador ‘estaban mucho más allá de lo que el Gobierno estaba dispuesto a llevar a cabo’”, agrega.
Pero tras destaparse la presunta trama de corrupción, el BCIE aseguró que “no había tenido la intención de que su apoyo a la pandemia se utilizara para el proyecto del bitcoin”, se lee en la publicación del OCCRP. Añaden que el banco “incluyó una cláusula en el contrato para el préstamo de 600 millones de dólares que prohibía el uso de los fondos para tal fin”, recayendo así el delito de malversación en el Gobierno de Bukele.
Así responde Mossi y el Gobierno de Bukele
“Básicamente dice que hay un pacto en El Salvador, que ningún dinero del BCIE puede utilizarse para financiar ninguna actividad de Bitcoin. Así que no, no financiamos eso”, aseguró Mossi. Cuando los investigadores del OCCRP lo increparon respecto a si el Ejecutivo salvadoreño infringió los términos del préstamo, el funcionario no lo negó, pero señaló que “el dinero es fungible”.
“Brindamos apoyo presupuestario para que el gobierno pueda utilizar el dinero como desee”, dijo Mossi a los periodistas.
El reportaje de la organización internacional asegura que el Gobierno de Bukele “no respondió cuando se le solicitó algún comentario al respecto”.
Costoso fracaso, pero ¿para quién?
“El experimento del bitcoin de Bukele ha sido considerado un fracaso costoso”, indica el reportaje. Agrega que “según un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos, menos del 10% de la población que se registró todavía utiliza la aplicación cripto del gobierno”.
Respecto a estos datos tan desalentadores sobre el plan que anunciado en 2021 y que la comunidad cripto mundial abrazó, Mossi se mostró de acuerdo. Pero luego restó importancia diciendo: “Al final de la saga, bitcoin es menos del uno por ciento de la economía salvadoreña, así que (…)”.
El reportaje tiene como coautores y colaboradores a: Eli Moskowitz (OCCRP), Jonny Wrate (OCCRP), Madeline Fixler (Columbia Journalism Investigations), Bill Barreto (No Ficción). También a: Ernesto Rivera (Lado B), Daniel Valencia (Redacción Regional), Andrew Little (Columbia Journalism Investigations), y Mariana Castro (Columbia Journalism Investigations). Cuenta con datos de Romina Colman (OCCRP). Investigación de Angus Peacock (OCCRP). Su divulgación tuvo lugar el pasado 31 de octubre de 2023.
La OCCRP se describe como “una red global de periodistas de investigación con personal en seis continentes. Fue fundada en 2006 y se especializa en crimen organizado y corrupción”.
