Por: Pablo Rutigliano
La Comisión Nacional de Valores (CNV) ha decidido avanzar sobre un terreno que desconoce: la tokenización de activos del mundo real (RWA). Y lo ha hecho con resoluciones como la 1081, que no solo son técnicamente insostenibles, sino que además representan un verdadero mamarracho regulatorio.
Lejos de habilitar un camino de crecimiento y democratización, la CNV se aferra a un modelo que perpetúa la monopolización y cartelización de la economía argentina. Su intervención no responde a un interés público ni a una defensa real del inversor. Responde a la lógica de siempre: blindar a los mismos actores que durante décadas se enriquecieron a costa del saqueo de los recursos nacionales.
La tokenización es mucho más que un instrumento financiero. Es la posibilidad de abrir el acceso al financiamiento, con transparencia, trazabilidad y escalabilidad. Es la chance de que proyectos embrionarios —desde una pyme en la Puna Argentina hasta una cooperativa yerbatera en Misiones— puedan convertirse en protagonistas de un nuevo paradigma económico.
Pero con la CNV entrometida en un campo que no entiende, lo que debería ser una revolución tecnológica se convierte en un laberinto burocrático, diseñado para que nada cambie.
El verdadero sentido de la tokenización
Cuando hablamos de tokenización, hablamos de algo radicalmente distinto a los instrumentos tradicionales. No se trata de fideicomisos financieros, ni de papeles sin respaldo. Se trata de convertir activos tangibles e intangibles en representaciones digitales trazables, con reglas claras, fórmulas de valorización verificables y la posibilidad de acceder a un mercado abierto.
La esencia es democratizar la economía. Que las ideas innovadoras, los proyectos embrionarios y las industrias con potencial puedan encontrar financiamiento sin depender de los bancos ni de la casta financiera que siempre impuso sus condiciones.
La tokenización permite crear modelos win-win, donde el ingreso y la salida de capital se dan con transparencia, donde la retroalimentación genera crecimiento económico genuino, y donde la corrupción y la opacidad no tienen lugar.
Hablar de tokenización es hablar de progreso, de inclusión, de un modelo económico trazable desde el origen hasta la concreción. Y es hablar, sobre todo, de soberanía: de que los argentinos podamos darle valor a nuestros recursos sin que otros se los lleven por monedas.
El error conceptual de la CNV
La CNV insiste en encorsetar la tokenización bajo normas pensadas para un mundo que ya no existe. Intenta aplicar la lógica de la Ley de Mercado de Capitales, una ley obsoleta, a un modelo que exige nuevos marcos conceptuales.
Pero la tokenización no encaja ahí, y no puede encajar. Los tokens no son valores negociables, y pretender tratarlos como tales es ignorar su esencia. La blockchain no replica el viejo sistema: lo reemplaza.
El problema no es técnico, es político. La CNV no busca ordenar. Busca controlar. Y al controlar, lo que hace es ralentizar el proceso de digitalización económica. Actúa como si tuviera potestad sobre un terreno que no le corresponde, mientras la verdadera institución que debería intervenir —la Unidad de Información Financiera (UIF)— queda relegada.
La UIF debería garantizar que los proyectos tokenizados cumplan con estándares de trazabilidad y prevención de delitos financieros. Ese es el verdadero control. No el de una CNV que, bajo la excusa de “proteger al inversor”, lo único que hace es blindar privilegios y mantener vivo un sistema que está agotado.
El costo del atraso
Cada vez que la CNV pone un freno, la Argentina pierde. Pierden los emprendedores que no pueden acceder a financiamiento. Pierden las pymes que no logran escalar. Pierden los jóvenes que podrían trabajar en proyectos innovadores y se ven obligados a emigrar.
Mientras tanto, el mundo avanza. Países que entendieron la importancia de la tokenización ya tienen marcos regulatorios que fomentan el desarrollo de nuevas economías digitales. Y Argentina, con sus recursos estratégicos, podría estar en la vanguardia.
El litio, el agua, los alimentos, los servicios… todo puede ser tokenizado. Todo puede ser parte de un modelo que garantice transparencia, trazabilidad y escalabilidad. Pero en lugar de impulsar este camino, la CNV lo ralentiza, imponiendo esquemas tradicionales que no encajan y que destruyen oportunidades.
Este atraso no es neutro. Favorece a quienes siempre se beneficiaron del saqueo y la subfacturación. Lo vimos en la Causa Penal 3309/23, cuando la Justicia dio la razón a la Cámara Latinoamericana del Litio frente a la cartelización minera. Y lo vemos hoy en la Causa Penal 36.601/25, donde tendrán que responder quienes operaron contra Atómico 3 y contra un modelo de tokenización transparente.
La corrupción y la casta
Lo que está detrás de la resolución 1081 no es un error técnico. Es la mano invisible de la casta financiera y minera, que busca controlar la tokenización para vaciarla de sentido.
Hablan de proteger al inversor, pero en realidad protegen a los monopolios. Hablan de regulación, pero en realidad diseñan un sistema para que nada cambie. Y lo más grave: se arrogan la autoridad de regular algo que no entienden.
Esto no es un tema menor. Es un atropello a los derechos de los argentinos. Porque tokenizar es también un acto de soberanía: es la posibilidad de que el pueblo acceda a un modelo económico transparente y trazable, sin la sombra de la corrupción que siempre cubrió a este país.
El futuro que no podrán detener
Por todo esto digo con claridad: la CNV debe dar un paso al costado. Sus funcionarios deberían renunciar por el daño que le están causando a la innovación, a las pymes, al financiamiento y al futuro de la Argentina.
No se trata de un capricho personal. Se trata de defender un derecho colectivo: el derecho a participar de la revolución tecnológica que está transformando el mundo.
La tokenización no puede quedar secuestrada en manos de burócratas. Es el camino para terminar con el saqueo, para construir un mercado de metales y futuros transparente, para eliminar la subfacturación, para darle a los emprendedores la posibilidad de crecer y a los argentinos la oportunidad de vivir en un país con soberanía económica real.
El litio, el agua, la energía, los alimentos… todos nuestros recursos pueden ser tokenizados bajo un modelo transparente. Y ese modelo no solo es posible: es inevitable.
La CNV podrá retrasar, podrá poner trabas, podrá seguir favoreciendo a sus amigos de la casta. Pero la historia es más fuerte. Y la historia dirá que la tokenización es el futuro, y que nadie, absolutamente nadie, podrá detenerlo.
El verdadero mamarracho no es solo la resolución 1081. El verdadero mamarracho es la incapacidad de una institución para entender el futuro y su obsesión por defender un modelo agotado.
Hoy la Argentina necesita transparencia, trazabilidad y escalabilidad. Necesita dejar atrás a la casta financiera y minera que siempre se sirvió del pueblo. Necesita un mercado tokenizado, abierto, democrático y soberano.
Porque la tokenización no es un discurso vacío. Es la herramienta que puede acabar con la corrupción, que puede financiar a las pymes, que puede transformar recursos en valor real para el país.
Lo repito con firmeza: la CNV no tiene autoridad técnica ni moral para regular lo que no entiende. Y si insisten en hacerlo, quedará claro que su único objetivo es perpetuar un sistema corrupto.
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