Desde el 17 de marzo, inició en Venezuela una campaña en contra de la corrupción de varios miembros del gabinete de gobierno. Lo más curioso del caso es que esta medida la esta realizando el mismo gobierno del país.
Uno de los funcionarios que fue atrapado recientemente por cometer actos delictivos fue Joselit Ramírez, quien tenía el puesto de presidente de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP) y quien, presuntamente tiene la culpa por la desaparición de 3,000 millones de dólares por venta de petróleo venezolano que se pagó en criptomonedas.
¿Corrupción en la venta de petróleo de Venezuela?
Según los informes, el consultor de la petrolera ICM Proyectos 2021, Alejandro Terán Martínez, dio una idea al medio regional Últimas Noticias, por la cual es probable que se vendiera el petróleo en activos digitales.
Según Terán, el gobierno en vista de tener un bloqueo económico por parte de los Estados Unidos que afectaba las operaciones petroleras, tuvo que recurrir a “operadores privados”.
“La estrategia del Gobierno fue la correcta; es decir, buscarse a operadores privados para que colocaran el petróleo en el mercado mundial, burlando el bloqueo”.
Eso quiere decir que, como forma de esquivar los bloqueos, el gobierno de Venezuela pensó en otro método no tradicional, para cobrar la venta del petróleo venezolano y ese fue el uso de las criptomonedas.
Sin embargo, el consultor no señaló que criptomoneda usaron para la venta del petróleo, ni tampoco con qué países fue la comercialización de esos barriles de petróleo.
Terán aseguró que ese fue el momento en el que la SUNACRIP, que estaba bajo el mandato de Ramírez empezó a actuar dudosamente:
“Y allí es donde entra en juego la Sunacrip, el ente oficial encargado de realizar esas transacciones en criptomonedas y hacer que la plata baje a Venezuela”.
El dinero no estaba en las arcas
El consultor afirma que la situación anómala, cuando desaparecieron los 3,000 millones de dólares, se realizó entre octubre y noviembre del 2022.
El gobierno utilizó operadores privados para comercializar 120 millones barriles de petróleo y de esa venta se facturó entre 3,000 a 5,000 millones de dólares americanos, que se pagaron en criptomonedas.
Según la información de los medios, el gobierno nacional notó el problema en diciembre del 2022, al revisar las cuentas y no encontrar los fondos registrados en las arcas de la nación.
