La Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de España hizo una serie de modificaciones a la Ley del Mercado de Valores de la nación para poder implementar nuevas enmiendas, donde se pretende tener más control sobre el ecosistema de bitcoin (BTC) y además, contar con la posibilidad de suspender las operaciones de empresas cripto si no cumplen con la normativa.
Los parlamentarios del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), al que pertenece el presidente de ese país, Pedro Sánchez, fueron los encargados de proponer las enmiendas.
El propósito de introducir dichas propuestas es ampliar la protección a los inversionistas y usuarios de servicios ligados a los criptoactivos, así lo comunicaron las fuentes de esa organización política al medio Europa Press.
Asimismo, quieren lograr que, por medio de esta nueva ley, si una compañía de servicios de criptomonedas en España hace una “infracción muy grave”, se enfrente a la probabilidad de suspensión, tal como lo establecen las enmiendas propuestas por el PSOE.
De igual forma, podrían tener que pagar multas por infringir la ley. Si son personas físicas las que violan el reglamento, la penitencia sería como cifra mínima, unos 700 mil euros. Si son compañías, la multa podría ser de hasta el 12,5% de todo el volumen de comercio total de esa entidad.
España vigila a las criptomonedas
Las enmiendas suponen una leve reducción de las multas a los infractores naturales. Antes de estas modificaciones, las personas físicas podrían ser sancionadas con hasta 1 millón de euros, de acuerdo a lo indicado por el medio CriptoNoticias.
Sin embargo, no pasó lo mismo con las empresas, pues, según las enmiendas, la multa subió del 10% del volumen total, al 12,5% mencionado previamente.
Cabe recordar que, en España las empresas que ofrecen servicios relacionados a las criptomonedas, como exchanges o wallets, deben registrarse ante el Banco Central de España.
Actualmente, existe un aproximado de 40 compañías que operan con criptos en el país, pero no cuentan con la autorización o supervisión de ese ente monetario.
Dichas entidades locales deben seguir las reglas de la Ley Antifraude, que les obliga a otorgar información a las autoridades españolas.
