Un pequeño grupo de manifestantes se congregó este miércoles en la capital de El Salvador para rechazar la Ley Bitcoin, anunciada el pasado mes en el país centroamericano, y por la cual “todo agente económico deberá aceptar al bitcoin como forma de pago”.
De acuerdo a los manifestantes, la ley solo es beneficiosa para algunas pocas personas cercanas al gobierno, quienes tienen la finalidad de “lavar el dinero mal habido”. Incluso presentaron una propuesta para derogar la normativa e invertir el dinero de su aplicación en “resolver los problemas de pobreza y marginalidad del 40% de la población del país”.
La manifestación fue descrita por el Diario El Mundo de El Salvador, y en ella se puede ver a un grupo de personas marchando con una pancarta que indica “No al Bitcoin”. Fueron recibidos por las diputadas Dina Argueta y Anabel Belloso en la sede de la Asamblea Legislativa.
Ley Bitcoin: Drama salvadoreño
Desde su aprobación en la asamblea, con los votos de 62 diputados de un total de 84, la Ley Bitcoin se ha convertido en una auténtica novela en El Salvador. Su principal promotor, Nayib Bukele, ha asegurado “el uso del bitcoin será opcional. Es decir, nadie va a recibir bitcoin si no lo desea por ningún tipo de pago”.
Para los efectos de esta ley, los salvadoreños pueden “apretar un botón”, e inmediatamente recibirán dólares, dijo Bukele, que anunció que su gobierno creara una billetera electrónica llamada “Chivo” para hacer las transacciones.
Sin embargo, las organizaciones de izquierda en el espectro político salvadoreño han cuestionado la finalidad de la ley. En una carta presentada a las diputadas, los manifestantes calificaron como “nefasta, tramposa e inconsulta” la Ley Bitcoin y “exige su derogación”.
Argumentan, La Ley Bitcoin fue “impuesta por el presidente Nayib Bukele sin consultar al pueblo, de manera improvisada y sin estudios técnicos”.
La Asociación Salvadoreña Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (Tracoda), cuya vocería está a cargo de su presidente, Carlos Palomo, expresó en un comunicado que se oponen a que la política económica del país se negocie de espaldas al pueblo.
Palomo señaló que, a fin de velar por los intereses de la población, cree que es conveniente que el Estado “explique la estrategia que se pondría en práctica” y cuáles son las negociaciones mantenidas sobre el asunto con empresas extranjeras o con consultores.