El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, realizó el sábado 25 de marzo una rueda de prensa donde informó los avances que se han hecho en relación a la campaña anticorrupción del gobierno venezolano. En estas investigaciones resalta la situación del robo y lavado de dinero que se hizo en la Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela (SUNACRIP).
Actos delictivos en PDVSA
Tarek William Saab declaró que han detectado una red de funcionarios que valiéndose de su cargo y niveles de autoridad, empezaron a llevar a cabo una serie de operaciones petroleras paralelas a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), empresa estatal encargada de la producción y comercialización de petróleo en el país.
Saab afirma que los funcionarios asignaban cargas de crudo en buques a particulares y a la propia Sunacrip sin ningún control administrativo ni garantías. Todo esto mientras rompían cualquier normativa de contratación requerida para tal fin.
Además, cuando terminaban de asignar el crudo ilegalmente, incumplian con los pagos correspondientes a PDVSA. Por lo tanto, la situación causa pérdidas significativas para la empresa estatal y para la economía del país.
Si bien, el fiscal general se niega a dar cifras oficiales sobre la cantidad extraviada, ya varias fuentes han hablado sobre pérdidas aproximadas de entre los 3,000 a 5,000 millones de dólares o hasta más alto, tal como señalan en el reporte de BeInCrypto.
La lista de culpables sigue creciendo
Entre los detalles que el fiscal general otorgó sobre el caso de corrupción en Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), resalta la detención de 10 funcionarios y 11 empresarios por su presunta participación en operaciones financieras ilegales y por el desvío de fondos públicos usando las asignaciones ilegales de petróleo. Todo este proceso se realizó bajo la gestión de la SUNACRIP.
Las personas arrestadas son Antonio José Pérez Suárez, quien ocupaba el cargo de vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA y era el líder de la supuesta estructura de corrupción.
También se encuentra Joselit de La Trinidad Ramírez Camacho, superintendente Nacional de Criptoactivos y operador cripto financiero. A esta lista se le suma Hugbel Rafael Roa Carucci, exdiputado de la Asamblea Nacional.
Los otros implicados son José Agustín Ramos, Yamil Alejandro Martínez, Odoardo José Bordones, Heinrich Chapellín Biundo, Jesús Enrique Salazar, Rajiv Alberto Mosqueda y Renny Gerardo Barrientos.
Todos ellos tenían cargos de responsabilidad en la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de PDVSA para las operaciones de contrataciones, comercio, carga y transporte de crudo en el exterior.
Empresarios con participación ilegal
Hay 11 empresarios que también estaban participando en las operaciones financieras ilegales, entre ellos está Manuel Meneses, quien era operador financiero y asesor del jefe de la estructura, y Rogers Martínez, coordinador general de las operaciones financieras y enlace entre los empresarios asociados y funcionarios públicos.
Asimismo, se detuvo a Roger Perdomo y Rafael Perdomo, unos hermanos que trabajaban como empresarios asociados y operadores financieros nacionales para legitimar los capitales.
Daniel Prieto, un empresario asociado y operador financiero a nivel nacional e internacional también estaba en la lista de culpables.
Cabe destacar que, aparte de estas 11 personas, faltan Juan Manuel Afonso y Manuel Ramón Afonso, empresarios asociados y operadores financieros internacionales que realizaron actos delictivos pero se encuentran prófugos y tienen orden de aprehensión.
A todos los culpables se les imputan delitos como la apropiación indebida de bienes públicos, lavado de dinero, asociación ilícita, valimiento de influencias y traición a la patria, en el caso de los funcionarios públicos.
La Sunacrip bajo el ojo público
Tarek William Saab reveló un video donde da una muestra de lo que tenía bajo su poder los participantes del círculo de corrupción.
En el material audiovisual se puede observar bienes de todo tipo, desde helicópteros, aviones privados, galpones llenos de camionetas nuevas, edificios en construcción hasta una granja de minería de ASIC de Bitcoin.
En particular, gran parte de las acusaciones recaen sobre el jefe de la SUNACRIP y la organización. Por ello, el gobierno nacional ordenó a varias granjas de minería reguladas que detuvieran sus operaciones.
Además, exigen el cierre o suspensión temporal de algunos exchanges y plataformas de criptomonedas.
Aún no se sabe hasta cuando estará esta medida pero, mientras tanto, las empresas de activos digitales tendrán que correr con los gastos por no estar operando.
