Una propuesta de ley que regularía todas las actividades relacionadas con Bitcoin (BTC) y otras criptomonedas fue presentada este martes ante la Asamblea General de Uruguay. El responsable, el senador Juan Sartori del partido de gobierno, presentó un marco legislativo para las actividades criptográficas dentro de territorio uruguayo.
La normativa les otorgaría sustento legal a todas las empresas y a operadores que utilizan criptodivisas como medio de pago.
Ley Bitcoin: Uruguay
Con este proyecto de Ley, Uruguay se sumaría a la lista de países de América Latina que se encuentran discutiendo un marco regulatorio para las criptomonedas. Colombia, Paraguay y Argentina cuentan con sus propias propuestas de normativa, y que estarían próximas a aprobarse.
Sartori admitió que en Uruguay el porcentaje de personas que invierte en criptomonedas es relativamente bajo. Sin embargo, aseguró que el panorama podría cambiar próximamente ya que, si la ley es aprobada, el país podría convertirse en un “pionero en el mundo” para regular el uso, el almacenamiento, los intercambios, la emisión y las transacciones con BTC.
“Las criptomonedas son una oportunidad para crear inversión y trabajo. Hoy presentamos un proyecto de ley, pionero en el mundo, que busca establecer un uso legítimo, legal y seguro en los negocios vinculados con la producción y comercialización de monedas virtuales en Uruguay”, indicó el senador en Twitter.
¿Cuándo podrían aprobar la propuesta?
Si bien el proyecto ya ha sido presentado, no se ha determinado cuando comenzaría a discutirse la ley y cuánto tiempo les tomaría a los legisladores darle el ejecútese. De acuerdo al medio local Montevideo Portal, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) tendría un rol fundamental en la propuesta de ley.
“La norma busca también evitar el uso indebido de este tipo de instrumentos regulando su utilización y evitando que las mismas puedan usarse con fines ilegítimos o ilegales”, indicó el legislador.
Así mismo, el documento expresa que sería el Poder Ejecutivo, es decir, la presidencia del país, la que asigne las licencias de operación a las empresas mineras, exchanges o servicios de custodia.
Los proveedores de activos virtuales deberán cumplir con los requisitos que exija la Seneclaft y el Banco Central de Uruguay (BCU) para ser evaluadas sus solicitudes.
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