¿Por Qué El Presidente De Panamá Rechazó La Aprobación De La Ley Cripto?

junio 17, 2022
Freily Suárez es una reportera especializada criptomonedas y tecnología blockchain. Es estudiante de Comunicación Social y una aficionada a la lectura; cuenta con certificaciones en el área de las finanzas y la comunicación.
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El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, vetó parcialmente el proyecto de Ley Bitcoin o “Ley Cripto” presentado para regular a bitcoin (BTC) y otras criptomonedas. Por lo que todavía no podrán emplearse como forma de pago en los comercios de la nación centroamericana.

Según información otorgada por el medio CriptoNoticias, en una carta enviada a la Asamblea Nacional, el presidente Cortizo enumeró los puntos que considera necesitan ser ajustados para poder firmar el documento que finalmente regulará al sector de las criptomonedas.

Entre los artículos rechazados por el presidente se encuentras varios, especialmente los relacionados con los procedimientos que deben seguir los exchanges y demás Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP).

Es así que, estos deberán obligatoriamente cumplir con los estándares internacionales contra el lavado de dinero establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

En ese sentido, en su misiva a la Asamblea el presidente indica que en el proyecto de Ley Cripto encontró vacíos legales respecto a definiciones de importancia sobre las actividades y los términos que forman parte del ecosistema.

Por ello, pide que se amplíen las definiciones de términos como staking, organizaciones descentralizadas, consenso, nodos y proof-of-work (PoW), entre otros. Asimismo, el mandatario rechazó por inconveniente el artículo 8 que plantea el pago de impuestos, tasas y otras obligaciones tributarias con bitcoin u otras criptomonedas.

“Esta posibilidad distorsiona la relación jurídica tributaria al establecer un medio de pago digital para la cancelación de impuestos en contradicción con normas ya existentes en el sistema tributario panameño”.

¿Qué puntos objetó el presidente?

Cortizo expone que no considera factible mantener dos reguladores para el sector de las criptomonedas en Panamá, ya que el proyecto proponía que fueran la Superintendencia de Banco y la Dirección del Ministerio de Comercio e Industria los encargados de supervisar al sector.

En cambio, el presidente propuso que sea la Superintendencia de Bancos la entidad que emita las licencias correspondientes a las empresas de criptomonedas que quieran operar en Panamá.

A su vez, el ejecutivo cree que es umamente esencial que las instituciones reguladoras tengan personal técnico especializado en materia de criptoactivos. Esto con la finalidad de que se establezcan reglamentaciones claras que ofrezcan la suficiente certeza jurídica.

Cabe recordar que, algunas de estas observaciones ya habían sido nombradas por Cortizo en mayo, cuando declaró que no iba a firmar el proyecto “si el texto no era riguroso en las normas contra el lavado de dinero”, aunque en ese momento confirmó no conocer completamente dicha legislación.

La «Ley Cripto» presentará cambios

Rodrigo Icaza, director ejecutivo de la Cámara Digital y Blockchain de Panamá, señaló que los ejecutivos de dicha entidad están de acuerdo con que el veto parcial y no total de la «Ley Crypto» presenta una nueva oportunidad para que el país tenga lo más rápido posible una legislación adecuada para regular al sector.

Siendo así, al objetar el proyecto se reconoce que efectivamente existen artículos funcionales en el documento. Así que, con las indicaciones dadas, se espera que la Asamblea reciba el documento para dar inicio a un proceso de estudio y actualización, donde logren realizarse las adecuaciones solicitadas y se pueda convertir el proyecto en ley de la República.

Por otro lado, el diputado Gabriel Silva aseguró a través de Twitter que la ley se mantiene competitiva mientras estudian los artículos que fueron vetados.

Además, indicó que ahora la discusión sobre la «Ley Cripto» se traslada a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, donde se analizarán los puntos considerados inconstitucionales.

Mientras que, la Comisión de Comercio evaluará los artículos que a juicio del presidente Cortizo son aspectos fallidos.

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