Recientemente, el Congreso de Diputados de España aprobó de manera oficial un proyecto de ley que establece la formación de una Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero (AAIDCF). Se trata de una nueva institución que se encargará de recibir los reclamos relacionados a las inversiones financieras y abarca también las operaciones con criptomonedas.
El ministerio de Economía del país presentó a finales del 2022, la propuesta legislativa 121/000134 y hasta el momento los legisladores han dado múltiples muestras de apoyo a la iniciativa en todas sus fases, según lo indicado en el portal web DiarioBitcoin.
El proyecto plantea la creación de un intermediario para tramitar conflictos o reclamaciones entre las instituciones financieras y sus clientes.
Concretamente, la nueva autoridad tendrá la tarea de facilitar la “resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes”, incluyendo aquellos que tengan que ver con los activos digitales.
Además, en el documento señalan que esperan “adecuar el ámbito de la protección a los nuevos servicios y productos que se están desarrollando en el ámbito financiero”
Clientes financieros recibirán más protección en España
Hasta ahora, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, eran los principales encargados de recibir los reclamos relacionados con servicios financieros.
Sin embargo, si el proyecto de ley recibe aprobación total, la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero será quien tome el control definitivo de estos asuntos.
El organismo estará adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos de España, contará con autonomía e independencia funcional y se financiará por las entidades en función de las reclamaciones admitidas.
Además, tendrá un presidente y un vicepresidente que serán nombrados por el Consejo de Ministros por un periodo de seis años no renovable, según señalan en el medio COPE.
Cabe destacar que, los reclamos de los usuarios se pueden realizar a través de correo electrónico o líneas telefónicas gratuitas atendidas de manera personal.
El tope de la cuantía para las reclamaciones se ha fijado en 20.000 euros para distinguir entre decisiones legalmente vinculantes sobre la conducta y las cláusulas abusivas.
También establece que se podrán implementar multas por reclamaciones de mala fe por hasta 250 euros, explican en la publicación.
El Senado ahora debe revisar el proyecto
En el congreso español se aprobó el proyecto con 186 votos a favor, 47 en contra y 95 abstenciones, y sin aprobación de nuevas enmiendas.
Ahora, el documento queda en manos del Senado de España para que lo revisen. Queda con los mismos términos en los que lo aprobó la Comisión de Asuntos Económicos, tal como señalan en DiarioBitcoin.
La Cámara Alta decidirá si aprobar el texto en los mismos términos, incluir enmiendas o acordar un veto por mayoría absoluta. Si sucede alguno de los dos últimos casos, la iniciativa regresaría al Congreso para la celebración de un último debate antes de que se apruebe de forma definitiva en España.