La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA; siglas en inglés de European Securities and Markets Authority) publicó las primeras normas de la Ley MiCA. Son las reglas técnicas tras la aprobación de la legislación aprobada en junio y se dio a conocer este miércoles 12 de julio. MiCA es el acrónimo en inglés de European Securities and Markets Authority, la ley que regula la criptoactividad europea.
La ESMA invitó a comentar las normas de la Ley MiCA, antes del 20 de septiembre de 2023 cuando entrará en vigor el reglamento de 158 páginas. La reglamentación incluye procedimientos para tramitar denuncias, normas de identificación, así como prevención, gestión y divulgación de conflictos de intereses y requisitos de tenencia cualificada de criptoactivos.
El paquete entrará en vigor tras 20 días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Su contenido será obligatoria y aplicable en cada uno de los 27 estados miembro de la comunidad. El regulador indicó en su informe que este paquete de normas es el primero de tres consultas. Señaló que busca información respecto a las reglas propuestas para los proveedores de servicios de criptoactivos.
La consulta procura identificar y gestionar conflictos de intereses. Además, mejorar las maneras de abordar las quejas, indica ESMA en el texto. Las tres consultas persiguen diseñar directrices que facilitarán la aplicación de las normas de la Ley MiCA a partir de 2024. El regulador planearía presentar a la Comisión Europea, a más tardar el 30 de junio de 2024, el proyecto de normas técnicas para su aprobación final.
“El objetivo es entregar medidas preliminares que incorporen los comentarios del público lo antes posible. La fecha de entrada en vigor de las medidas está sujeta a su adopción por la Comisión Europea y aprobación por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE”, señala ESMA.
Quiénes usarán la información de la encuesta
El cuestionario consulta el volumen de negocio que esperan los encuestados, además la cantidad de libros blancos publicarían las empresas que planeen registrarse. También busca medir el volumen del comercio on-chain (transacciones en una Blockchain pública y descentralizada) frente al comercio off-chain (no registrados en cadenas de bloques).
La institución señaló que los datos serán confidenciales y se usarán para medir la viabilidad de futuras propuestas en normas de la Ley MiCA. La consulta servirá de ejercicio en la investigación para comprender la criptoactividad en la comunidad europea, y su futuro desarrollo. El objetivo de ESMA, afirma, es recopilar información de las actividades actuales y las previstas los consultados.
Las consultas forman parte de la fase de implementación de MiCA. Esta etapa involucra la cooperación de la ESMA con la Autoridad Bancaria Europea (EBA; siglas en inglés de European Banking Authority. También de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA; siglas de European Insurance and Occupational Pensions Authority). También se involucran el Banco Central Europeo.
Vale destacar que la EBA se encarga de la adecuada aplicación de reglas del sector financiero para de preservar la estabilidad financiera de la UE. EIOPA tiene la función de detectar, evaluar, mitigar y gestionar riesgos y amenazas a la estabilidad financiera en seguros y pensiones de jubilación de la comunidad. Trascendió que ESMA publicaría el segundo paquete de consulta en octubre de 2023.
Al Banco de Italia le preocupa la Ley MiCA
Vale destacar que, una semana antes, un informe del Banco de Italia señaló cómo la Ley MiCA permitiría a entidades bancarias europeas generar algunos tipos de criptoactivos y ofrecer servicios relacionados. Pero cuestionó el papel de las entidades financieras en el criptoespacio. El emisor italiano instó a la Unión Europea a definir el alcance de las nuevas atribuciones bancarias. Preguntó hasta dónde es deseable la participación de los bancos en el ecosistema criptoeconómico.
El Banco de Italia señala como la ley de criptoactivos europea, buscando competitividad y armonización con la criptoeconomía, implicaría remplazar normas italianas. “El reglamento también introducirá requisitos prudenciales para los proveedores de servicios”, explica en su informe.
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